El director jurídico del Grupo de Cementos Chihuahua, Sergio Sáenz, denunció el miércoles a los vocales de la Sala Penal Civil de La Paz, por pretender favorecer al empresario Samuel Doria Medina, en un supuesto proceso "irregular".

El equipo legal de la mexicana Chihuahua presentó ante el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción una denuncia para que se investigue la supuesta actuación "irregular y sospechosa" de los vocales Ramiro Sánchez y Javier Percy Bravo.

"Acudimos al Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción porque sabemos que es una institución eficaz, competente y eficiente para que intervenga en estos procesos en los que hubo irregularidades", dijo Sáenz, según ABI.

Cimsa: mexicana Grupo de Cementos Chihuahua intenta amedrentar a la justicia boliviana

En breve comunicado emitido en las últimas horas, la Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa), de la cual forma parte Samuel Doria Medina, calificó la denuncia de la empresa mexicana como un "intento de amedrentamiento" a los miembros del poder judicial boliviano, que tramitan el caso en la ciudad de La Paz.

"Grupo de Cementos Chihuahua (GCC); que perdió arbitraje internacional iniciado por la boliviana Compañía de Inversiones Mercantiles y ante la eminente ejecución del laudo arbitral que define el pago de daños y perjuicios a favor de Cimsa, en una Corte de Estados Unidos; inicia campaña de amedrentamiento y desprestigio, intentando incluso politizar el tema", sostiene el comunicado.

Por su lado, Sergio Sáenz explicó que en un arbitraje internacional, la Compañía de Inversiones CIMSA de la que forma parte Samuel Doria Medina, pidió el pago adicional de 36 millones de dólares por la venta de acciones de la cementera Soboce en 300 millones de dólares.

Agregó que en el laudo bajo normas legales, Chihuahua presentó un recurso de anulación del fallo de los árbitros por una serie de vicios e ilegalidad contrarias a las normas bolivianas, cuyo caso recayó en el Juzgado Doceavo que remitió una resolución dándoles la razón, ya que se afectaba el derecho a la defensa y el debido proceso.

Sin embargo, Doria Medina, presentó un recurso de amparo, pero no en contra de la decisión judicial, sino de los árbitros que emitieron el fallo, sabiendo que ésos no podrán defenderse porque es un arbitraje internacional con residencia en el exterior.

El caso, señaló está radicado en el Tribunal Civil Penal Tercero de La Paz, cuyos vocales incurren en una serie de irregularidades como de no notificar a los árbitros del laudo internacional, porque uno está en España y otro en Colombia.

Antecedentes: Cementos Chihuahua recibió orden de embargo en EEUU

En la primera semana del mes de octubre de 2015, el Grupo Cementos de Chihuahua, productor de cemento con operaciones en México y Estados Unidos, anunció que su filial GCC of America, recibió una notificación de embargo emitida por una corte estadunidense por la disputa que sostiene con la empresa boliviana, Compañía de Inversiones Mercantiles (Cimsa), en torno a la venta que hizo hace cuatro años de su participación en la compañía Sociedad Boliviana de Cemento o Soboce.

Desde entonces Cimsa, que en ese entonces tenía el control de Soboce, ha demandado a la compañía cementera mexicana por la forma en que vendió su interés de 47.02% en esa empresa a la compañía peruana, Consorcio Cementero del Sur (CCS).

Para Cimsa, con esa venta, Cementos Chihuahua incumplió el acuerdo por el que debió ofrecerle la opción de adquirir las acciones de Soboce en primera instancia. No es claro si la compañía mexicana incumplió con eso antes de la venta de su participación en Soboce a CCS.

Hasta ahora, sin embargo, Cimsa parece ir arriba en la disputa, pues ya ganó un fallo al respecto proveniente de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial.

Ese fallo fue el que de hecho provocó que la corte del Distrito de Colorado, en Estados Unidos, emitiera su notificación de embargo.

Con ella, la corte de Colorado ordenó a la cementera mexicana a entregar información sobre los bienes que tiene en el estado de Colorado en los próximos 14 días y a no vender sus activos en esa zona.

Cementos de Chihuahua dijo que está en proceso de impugnar "los laudos arbitrales [de la Comisión Interamericana de Arbitraje] en las cortes bolivianas" ya que considera que esos laudos emitidos "no son definitivos".

Bajo el fallo de la Comisión Interamericana, GCC deberá pagar 36.1 millones de dólares a Cimsa por concepto de daños y gastos, algo que la compañía mexicana ha protestado y espera revertir.

"Los laudos arbitrales... no son acordes a la legislación boliviana ni al derecho internacional", dijo Cementos Chihuahua en un comunicado.

Además de esta acción, la empresa, con sede en Chihuahua, dijo que ya obtuvo una medida cautelar de las cortes mexicanas para que Cimsa no ejecute la resolución del juicio comercial hasta que las autoridades bolivianas resuelvan su recurso de anulación.

La empresa mexicana, que reveló el conflicto en su reporte anual, dijo que espera poder superar la disputa con Cimsa, la cual también ya vendió la participación que mantenía en Soboce a la empresa peruana, CCS.

"GCC confía en una resolución favorable", dijo la empresa, en su reporte anual de 2014 entregado en abril a la Bolsa Mexicana de Valores. "Sin embargo, no podemos asegurar que este procedimiento legal no tenga algún efecto contrario".